Centre de Recursos per a l'Ensenyament, Aprenentatge i Innovació de la Filosofia

VICENTE SANFÉLIX VIDARTE

En algún lugar parece que lo dejó escrito el sabio Heráclito: todo se mueve, nada permanece. Para ningún ámbito de la realidad parece tan cierta esta sentencia como para la educación en España. Cierto que muchos de los cambios que afectan a nuestro sistema educativo tienen su razón de ser fuera de nuestras fronteras, en la necesaria adaptación a un nebuloso espacio europeo. Pero otros son estrictamente de nuestra propia cosecha.

El Partido Popular, por ejemplo, la última vez que estuvo en el Gobierno de la nación diseñó un cambio en la enseñanza secundaria y en el bachillerato que no llegó ni siquiera a implantarse debido a su derrota en las últimas elecciones generales. Si en las próximas el PSOE no revalida su mayoría, la reforma de este mismo nivel de la enseñanza que ahora propone el Gobierno correrá el mismo destino trágico. Misterios de la dialéctica que conocía bien Lampedusa: a veces, que todo cambie es la condición para que todo permanezca exactamente igual. Conciliación de Heráclito y Parménides.

En la Universidad un problema secular es el de regular el acceso a sus cuerpos docentes. De nuevo el Partido Popular, en el 2001, modificó el sistema hasta entonces vigente de oposición para sustituirlo por el de la habilitación. Hoy el Partido Socialista parece decidido a sustituir el modelo de la habilitación por el de la acreditación. El proyecto de real decreto que el ministerio ha presentado a la consideración del Consejo de Universidades presenta una novedad importante, a diferencia de la habilitación, la acreditación, condición necesaria pero no suficiente para poder ocupar un puesto docente en la Universidad española, no exigirá someterse a ningún examen ante ninguna comisión cuyos miembros, todos o en parte, hubieran sido decididos por procesos aleatorios. Será una comisión designada por el Consejo de Universidades a propuesta de la Aneca (Agencia Nacional de Calidad) la que, basándose en el informe de dos expertos designados ad hoc para cada solicitud, conceda o deniegue la acreditación. Hay varios puntos por despejar en este procedimiento, por lo que es normal que haya levantado algún recelo. La lógica y el baremo que se anexa al final del proyecto, en el que se estipula los puntos exactos que corresponderán a cada tramo de investigación ya reconocido que puedan presentar los candidatos, invitan a pensar que la comisión no entrará a valorar unos contenidos curriculares ya previamente evaluados de forma positiva (pero entonces, ¿para qué diablos se necesitan dos expertos?), de modo que, a fin de cuentas, quien tenga tres tramos de investigación reconocidos será acreditado catedrático; quien tenga dos, profesor titular. Con los profesores titulares de escuela universitaria se hará una excepción, pues a ellos el título de doctor y la mera dedicación docente los convertirá, sin más, en profesores titulares de universidad. De ser correcta esta interpretación, lo decisivo no estará en el trámite de la acreditación, sino en el antes y en el después de ella. En el antes, en la concesión de tramos de investigación. Y al respecto hay que decir que aunque el procedimiento para la evaluación de los mismos que viene funcionando desde 1989 ha conseguido resultados globalmente positivos, instaurando una nueva cultura del rendimiento en nuestra Universidad, su funcionamiento es, en algún punto al menos, manifiestamente mejorable. Un ejemplo obvio: mientras permanezcan las actuales áreas de conocimiento los investigadores debieran tener el derecho a ser evaluados por los parámetros propios de aquella a la que pertenecen. En el después, en el concurso para sacar las plazas efectivas que las diferentes universidades convoquen. Si éstas disponen de recursos no habrá ningún problema. Habrá un ascenso profesional bastante generalizado. En caso contrario, se generarán tensiones en el seno de las universidades y, en última instancia, de los departamentos. ¿Y la endogamia? Bueno, de no alterarse los mecanismos vigentes para la provisión de las plazas convocadas por cada universidad es evidente que no desaparecerá. La acreditación será poco más que papel mojado para quien no tenga una universidad que le ampare, como ocurre en el actual sistema de habilitación que en su momento se presentó como panacea para este problema. La pregunta pertinente sería más bien ésta: ¿alguien quiere realmente tomarse en serio este problema? Para terminar volvamos al principio. La educación es un proceso que exige tiempo. El constante cambio en el marco legislativo que la regula es ya, de por sí, una mala noticia. Los políticos, y la comunidad educativa, debieran aminorar sus principios y aumentar su responsabilidad. Se necesita, y urgentemente, un pacto por la educación que deje ésta fuera de estériles banderías. Un pacto que permita afrontar los desafíos y las graves amenazas que se ciernen sobre la educación pública en los sectores no universitarios a la vez que permita seguir mejorando la calidad de estos últimos. ¿Dará este país para tanto?